Más de 16.000 canarios esperan por la rehabilitación de sus viviendas
Las pugnas entre Madrid y las Islas bloquean el arreglo o reposición de 4.206 casas en 32 barrios
Más de 16.000 canarios esperan por la rehabilitación o reposición de
sus viviendas. En concreto, 32 barrios de cuatro islas que afectan a un
total de 4.206 familias –con una media de cuatro personas por casa–
aguardan por el arreglo de sus pisos o por la reconstrucción completa de
los edificios en los que residen. Obras que tienen como objetivo la
mejora de las condiciones de vida a sus moradores, ya que están ocupadas
por familias con escasos recursos, y con las que se pretende aumentar
su habitabilidad, eficiencia energética y la accesibilidad a sus
hogares.
Los proyectos de reposición son aún más complejos, puesto que no solo consisten en derribar las casas y construirlas de nuevo, sino que conlleva el coste adicional de realojar a los inquilinos, en su mayoría personas de avanzada edad, a los que se intenta causar el menor trastorno posible.
El Gobierno canario culpabiliza al Estado del retraso de estas infraestructuras al no sufragar desde el año pasado los convenios suscritos en 2005 y en 2009 entre Madrid, el Ejecutivo, cabildos y ayuntamientos. El Ministerio de Fomento sostiene que el Ejecutivo no ha justificado 76,2 millones que adelantó para la ejecución de los acuerdos, lo que imposibilita la percepción de nuevos fondos.
Las administraciones isleñas y el Estado llegaron a firmar 46 convenios de rehabilitación y reposición de los que ya se han culminado 14, lo que significó el arreglo y la reconstrucción de las viviendas de 2.374 familias canarias. Según la consejera de esta área del Gobierno regional, Inés Rojas, el Ministerio de Fomento "decidió unilateralmente durante el año pasado no finalizar los 32 convenios de rehabilitación y reposición restantes firmados con las administraciones públicas canarias", y no admitir las prórrogas que los ayuntamientos solicitaban para poder ejecutar las obras, "a veces tan costosas", como las reposiciones, dada la escasez de recursos por la crisis.
76,2 millones
Por su parte, desde Fomento se niega que el Estado vaya a dejar de financiar las ayudas para la rehabilitación y alquiler de viviendas y se afirma que el Ejecutivo regional sigue sin justificar los 76,2 millones de euros, bien porque no se ha gastado el dinero o bien porque la Comunidad Autónoma no tiene recursos para afrontar su parte y con ello paraliza la inversión estatal. Estos acuerdos se cofinancian entre el Estado, el Gobierno y, una menor parte, por las corporaciones locales e insulares.
Desde el Ministerio se señala, además, que la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga a mantener las líneas de ayuda y su traspaso al nuevo Plan Estatal de Viviendas 2013-2016, donde se prevén 55 millones de euros para estas obras. Inés Rojas insiste en que se han justificado todas las infraestructuras acometidas en el anterior plan, por lo que ya ha remitido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para que "fije una fecha para la firma urgente del convenio de colaboración bilateral" entre ambas administraciones para desarrollar el nuevo Plan Estatal de Viviendas. Sin esta firma, según la consejera, no se puede hacer nada.
La diputada del PP responsable del ámbito de Vivienda, Cristina Tavío, recalca que el Gobierno canario no dice la verdad y que la inejecución del área de Inés Rojas es un "escándalo", porque las obras "solo tienen el cartel pero no han hecho nada y se han gastado el dinero en otras cosas", critica.
Las áreas de rehabilitación y reposición han sido vitales para recuperar los barrios isleños más deteriorados por el paso del tiempo y la baja calidad de los materiales empleados, así como para mejorar las condiciones de vida de sus residentes. A estos objetivos se suma el efecto de activar la economía del Archipiélago y crear empleo en el sector más castigado por la crisis económica, la construcción.
En estos momentos, quedan por reponer las 56 viviendas en el barrio de El Centurión, en La Laguna, y 115 en barrio de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife. A ellos hay que añadir las 37 cuarterías de Mata y 114 inmuebles de Tamaraceite, en Gran Canaria, así como la reposición de la primera fase del barrio de Valterra (100 viviendas) y de Titerroy (66), en Lanzarote. En cuanto a la rehabilitación, estaban suscritos convenios en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria y en Fuerteventura. Los vecinos siguen la disputa indignados.
Al retraso en los convenios de las viviendas de rehabilitación y reposición se une la demora en la adjudicación de 376 casas de obra nueva, las últimas viviendas de promoción pública construidas por la Comunidad Autónoma para alquiler social, y cuya concesión lleva paralizada desde 2011.
Inés Rojas culpa al sindicato CCOO por recurrir el sistema de sorteos adoptado por el Gobierno canario para agilizar las adjudicaciones, como hacen en otras comunidades autónomas. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo en 2012,a raíz del recurso de la organización sindical, declararon contrario a los principios de equidad y justicia que las viviendas de protección pública se distribuyan por sorteo cuando hay más solicitantes que casas, sin valorar cuáles de ellos son los más necesitados.
Tras las resoluciones, el Ejecutivo autónomo aprobó un decreto de la Ley Canaria de Viviendas de 2003 con la modificación de que el sorteo será entre demandantes en los que "concurran condiciones de necesidad análogas", con lo que desbloqueó la forma de adjudicación.
Según el sindicato, desde entonces se pueden otorgar viviendas pero el Gobierno lleva un año sin hacerlo.
Denuncia, de hecho, que el Registro Público de Demandantes, creado por el Ejecutivo para simplificar la inscripción de los solicitantes, está inoperativo desde el 19 de febrero de este año porque la empresa que se encargaba de su gestión ha desistido de hacerlo, y ahora son los funcionarios los que, a cuenta gotas, están realizando el proceso de selección, según representantes de CCOO.
La adjudicación de las viviendas de promoción pública se realiza a través de un sistema de sorteos mixtos ante notario, al igual que ya se hace en otras comunidades, explica la Consejería.
Previa inscripción en el Registro Público de Demandantes, en estos sorteos se establecen diferentes cupos, uno general, y otros siete específicos, con el fin de realizar una discriminación positiva a los grupos de población con más necesidad de vivienda, como son jóvenes, mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con movilidad reducida, emigrantes retornados, familias con un máximo de dos miembros y situaciones excepcionales.
La Comisión de Vivienda, integrada por representantes de la Administración autonómica, cabildos, ayuntamientos, sindicatos, constructores, promotores y colegios profesionales, da el visto bueno al listado definitivo. Hasta ahora se han entregado 46 viviendas.
Los proyectos de reposición son aún más complejos, puesto que no solo consisten en derribar las casas y construirlas de nuevo, sino que conlleva el coste adicional de realojar a los inquilinos, en su mayoría personas de avanzada edad, a los que se intenta causar el menor trastorno posible.
El Gobierno canario culpabiliza al Estado del retraso de estas infraestructuras al no sufragar desde el año pasado los convenios suscritos en 2005 y en 2009 entre Madrid, el Ejecutivo, cabildos y ayuntamientos. El Ministerio de Fomento sostiene que el Ejecutivo no ha justificado 76,2 millones que adelantó para la ejecución de los acuerdos, lo que imposibilita la percepción de nuevos fondos.
Las administraciones isleñas y el Estado llegaron a firmar 46 convenios de rehabilitación y reposición de los que ya se han culminado 14, lo que significó el arreglo y la reconstrucción de las viviendas de 2.374 familias canarias. Según la consejera de esta área del Gobierno regional, Inés Rojas, el Ministerio de Fomento "decidió unilateralmente durante el año pasado no finalizar los 32 convenios de rehabilitación y reposición restantes firmados con las administraciones públicas canarias", y no admitir las prórrogas que los ayuntamientos solicitaban para poder ejecutar las obras, "a veces tan costosas", como las reposiciones, dada la escasez de recursos por la crisis.
76,2 millones
Por su parte, desde Fomento se niega que el Estado vaya a dejar de financiar las ayudas para la rehabilitación y alquiler de viviendas y se afirma que el Ejecutivo regional sigue sin justificar los 76,2 millones de euros, bien porque no se ha gastado el dinero o bien porque la Comunidad Autónoma no tiene recursos para afrontar su parte y con ello paraliza la inversión estatal. Estos acuerdos se cofinancian entre el Estado, el Gobierno y, una menor parte, por las corporaciones locales e insulares.
Desde el Ministerio se señala, además, que la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga a mantener las líneas de ayuda y su traspaso al nuevo Plan Estatal de Viviendas 2013-2016, donde se prevén 55 millones de euros para estas obras. Inés Rojas insiste en que se han justificado todas las infraestructuras acometidas en el anterior plan, por lo que ya ha remitido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para que "fije una fecha para la firma urgente del convenio de colaboración bilateral" entre ambas administraciones para desarrollar el nuevo Plan Estatal de Viviendas. Sin esta firma, según la consejera, no se puede hacer nada.
La diputada del PP responsable del ámbito de Vivienda, Cristina Tavío, recalca que el Gobierno canario no dice la verdad y que la inejecución del área de Inés Rojas es un "escándalo", porque las obras "solo tienen el cartel pero no han hecho nada y se han gastado el dinero en otras cosas", critica.
Las áreas de rehabilitación y reposición han sido vitales para recuperar los barrios isleños más deteriorados por el paso del tiempo y la baja calidad de los materiales empleados, así como para mejorar las condiciones de vida de sus residentes. A estos objetivos se suma el efecto de activar la economía del Archipiélago y crear empleo en el sector más castigado por la crisis económica, la construcción.
En estos momentos, quedan por reponer las 56 viviendas en el barrio de El Centurión, en La Laguna, y 115 en barrio de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife. A ellos hay que añadir las 37 cuarterías de Mata y 114 inmuebles de Tamaraceite, en Gran Canaria, así como la reposición de la primera fase del barrio de Valterra (100 viviendas) y de Titerroy (66), en Lanzarote. En cuanto a la rehabilitación, estaban suscritos convenios en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria y en Fuerteventura. Los vecinos siguen la disputa indignados.
Al retraso en los convenios de las viviendas de rehabilitación y reposición se une la demora en la adjudicación de 376 casas de obra nueva, las últimas viviendas de promoción pública construidas por la Comunidad Autónoma para alquiler social, y cuya concesión lleva paralizada desde 2011.
Inés Rojas culpa al sindicato CCOO por recurrir el sistema de sorteos adoptado por el Gobierno canario para agilizar las adjudicaciones, como hacen en otras comunidades autónomas. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo en 2012,a raíz del recurso de la organización sindical, declararon contrario a los principios de equidad y justicia que las viviendas de protección pública se distribuyan por sorteo cuando hay más solicitantes que casas, sin valorar cuáles de ellos son los más necesitados.
Tras las resoluciones, el Ejecutivo autónomo aprobó un decreto de la Ley Canaria de Viviendas de 2003 con la modificación de que el sorteo será entre demandantes en los que "concurran condiciones de necesidad análogas", con lo que desbloqueó la forma de adjudicación.
Según el sindicato, desde entonces se pueden otorgar viviendas pero el Gobierno lleva un año sin hacerlo.
Denuncia, de hecho, que el Registro Público de Demandantes, creado por el Ejecutivo para simplificar la inscripción de los solicitantes, está inoperativo desde el 19 de febrero de este año porque la empresa que se encargaba de su gestión ha desistido de hacerlo, y ahora son los funcionarios los que, a cuenta gotas, están realizando el proceso de selección, según representantes de CCOO.
La adjudicación de las viviendas de promoción pública se realiza a través de un sistema de sorteos mixtos ante notario, al igual que ya se hace en otras comunidades, explica la Consejería.
Previa inscripción en el Registro Público de Demandantes, en estos sorteos se establecen diferentes cupos, uno general, y otros siete específicos, con el fin de realizar una discriminación positiva a los grupos de población con más necesidad de vivienda, como son jóvenes, mayores, mujeres víctimas de violencia de género, personas con movilidad reducida, emigrantes retornados, familias con un máximo de dos miembros y situaciones excepcionales.
La Comisión de Vivienda, integrada por representantes de la Administración autonómica, cabildos, ayuntamientos, sindicatos, constructores, promotores y colegios profesionales, da el visto bueno al listado definitivo. Hasta ahora se han entregado 46 viviendas.
