Abogados, administradores de fincas y procuradores, entre muchos otros colectivos, han rechazado tajantemente el anteproyecto de ley de Servicios Profesionales aprobado el pasado 2 de agosto por el Gobierno en Consejo de Ministros. Sin embargo, son los arquitectos los más beligerantes. Estos profesionales han presentado ya una serie de alegaciones para tratar de impedir el trámite parlamentario de la nueva norma, que, tal y como está redactada ahora mismo, tachan de arbitraria e inconstitucional.
Aunque el texto aprobado no retira la exclusividad en
edificación a los arquitectos, cediendo esa capacidad también a
ingenieros con competencias en edificación, como se preveía
inicialmente, sí se podría abrir finalmente a otras disciplinas la
proyección y dirección de obras de viviendas o edificios públicos, como
hospitales, escuelas, museos e iglesias.
Y es que el anteproyecto fija que se creará un grupo de trabajo que
elaborará una propuesta sobre atribuciones profesionales en la
ingeniería y la edificación de acuerdo con esta ley, frente a las
delimitaciones establecidas ahora en la ley de Ordenación de la
Efidicación. Los arquitectos entienden que al dejar esa revisión
temporalmente en el aire se crea un situación de incertidumbre jurídica.
«El ejercicio profesional de la arquitectura queda en una
situación de transitoriedad y provisionalidad incompatible con el
principio de seguridad jurídica y con el artículo 36 de la Constitución
Española», señala un informe elaborado para el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) por el despacho de abogados de
Miquel Roca, uno de los padres de la Carta Magna.
Roca, junto a otros despachos como el de Martínez Lage, presentará una serie de alegaciones ante el Consejo de Estado,
por el que deben pasar los proyectos de ley antes de ir a Consejo de
Ministro. Su paso por este órgano estaba previsto para mediados de este
mes de diciembre, aunque finalmente se ha vuelto a retrasar.
Como fuere, entre esas alegaciones, a las que ha tenido
acceso ABC, los abogados esgrimen que la norma «otorga un trato a la
profesión de arquitecto que supone una evidente discriminación respecto a
otras muchas profesiones colegiadas», al no motivar de forma lógica las
excepciones que contempla para el sector, y que los poderes públicos
han actuado con «arbitrariedad».
Los arquitectos entienden además que la norma establece una suerte de «tutela o intervención estatal»,
tal y como señala el presidente del CSCAE, Jordi Ludevid, al regular
aspectos de gobierno corporativo de los colegios profesionales como la
remuneración o la compatibilidad de cargos.
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